Arganzuela en defensa de los servicios públicos

El pasado día 29 de mayo de 2008, diferentes organizaciones vecinales, sociales, AMPAS, secciones sindicales y organizaciones políticas, constituyeron en Arganzuela una Coordinadora en defensa de los Servicios Públicos, coordinadora que está abierta a todos aquellos movimientos sociales, colectivos y entidades ciudadanas que comparten la preocupación por el deterioro y desaparición de los servicios públicos.

Consideramos que los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio ni el beneficio económico; y no pueden regirse por criterios de rentabilidad, sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia, y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.

La provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades sociales del ciudadano y no en su capacidad de pago, según las leyes del mercado. Por su propia naturaleza de bien público, no deben ser liberalizados ni privatizados.

Constatamos que en los últimos años se está dando una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los servicios públicos. La estrategia global de privatización de estos se sustenta sobre un primer proceso de manipulación ideológica de la opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e implacable durante los últimos años, con el siguiente objetivo: afirmar, sin posibilidad de réplica, que se debe reducir el tamaño del sector público, que el sector público asume indebidamente la provisión de bienes y servicios que debería prestar el mercado; que la empresa privada es más eficiente por las bondades del mercado, frente a la ineficiencia y despilfarro de lo público; que se debe reconsiderar la necesidad del propio Estado del Bienestar y la función del Estado como redistribuidor de la renta y suministrador de los servicios públicos, con el objetivo final de privatizar la red de servicios públicos.

En el campo de la sanidad es especialmente significativo en nuestro distrito la privatización de los servicios de laboratorio y radiodiagnóstico del centro de especialidades de Pontones (aplicado también en los nuevos hospitales y en otros centros de especialidades), enmarcada dentro de un proceso que junto con la desaparición de la Dirección General de la Salud Pública, genera desconcierto en el usuario y un enorme caos en la sanidad madrileña.

En la educación se produce un importante desequilibrio entre centros públicos y privados-concertados en la escolarización del alumnado, la "masificación" de algunos centros con respecto a su capacidad y las ratios elevadas de alumnos por aula, así como la falta de inversiones tanto en medios materiales como humanos para hacer frente a los cambios que se están produciendo en el entorno educativo.

De los servicios públicos depende la ciudadanía, la garantía de una educación de calidad, una sanidad adecuada que nos atienda con prontitud y con eficacia, los servicios sociales que nos cuiden en nuestra vejez y atiendan a las personas en situación de dependencia y exclusión social y unos transportes públicos eficientes.

La realidad resultante de los procesos de privatización diseñados a escalas globales y aplicadas en todos los ámbitos de organización política territorial -estatal, autonómica y local-, muestra de forma clara e inequívoca, al menos, las siguientes consecuencias:

La pérdida del control democrático de los servicios públicos: se sustituyen las garantías legales propias de la gestión sometida al Derecho público por la gestión empresarial privada, supeditada exclusivamente a la maximización del beneficio económico para la empresa, con la consiguiente inefectividad de las reclamaciones individuales y de las garantías jurídicas.

La pérdida de calidad en la prestación del servicio y el aumento de los precios finales para los usuarios.

La disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y galopante precarización del empleo.

El crecimiento de la desigualdad y la exclusión social: la involución de las políticas sociales y la desregulación provocan un efecto redistributivo negativo que sufren especialmente los colectivos más desprotegidos, porque afecta al núcleo esencial de los principios de igualdad de acceso al servicio público, universalidad y no discriminación.


Quienes firmamos este manifiesto hacemos un llamamiento al conjunto de las asociaciones y de los vecinos y vecinas de Arganzuela a sumarse a esta iniciativa, a manifestarse y a organizarse en defensa de lo público.


Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de Arganzuela
www.arganzuelaporlopublico.net